La reforma fiscal: un tabú mexicano   Saúl Escobar Toledo

Oxfam, una organización internacional que se autodenomina como “un movimiento global que trabaja en 94 países para poner fin a la injusticia de la pobreza y acabar con la desigualdad”, acaba de dar a conocer un documento acerca de los impuestos a las grandes fortunas en México (ver: oxfammexico.com). No es el único colectivo que ha hablado del tema. Un grupo de distinguidos economistas crearon un “laboratorio mundial de la desigualdad” que se puede consultar en wid.world. Por su lado, la CEPAL, ha publicado regularmente diversos ensayos e informes acerca de América Latina. En México, la UNAM ha contribuido con reflexiones muy importantes a través de sus institutos (IIE y IIS), la Facultad de Economía y el PUED, para no mencionar otros centros de estudio prestigiados.

Vale la pena llamar de nueva cuenta la atención acerca de la desigualdad y la reforma fiscal, ya que la pandemia, sumada a otros acontecimientos mundiales, como la guerra en Ucrania y la inflación, han agravado estos fenómenos. Según Oxfam, “los súper ricos fueron los grandes ganadores de estas crisis en México, pues han visto crecer sus fortunas en un 33% desde el inicio de la pandemia hasta noviembre de 2022, mientras la economía nacional creció apenas en 0.28% en ese mismo período… Las fortunas de los súper ricos crecieron 117 veces más rápido que el resto de la economía… y sin pagar ni un peso más por estas ganancias extraordinarias”. Ello, por supuesto, aumentó las desigualdades en “un país en el que el 1% más rico de la población —apenas 1.2 millones de personas— concentra casi 47 de cada 100 pesos de riqueza nacional”. Y sumió en la pobreza a un número mayor de mexicanos.

Lo anterior, a pesar de algunas medidas tomadas por el gobierno como el aumento de los salarios mínimos y otras reformas legales como la que regula la subcontratación y las que tienen que ver con la democracia sindical, la justicia laboral y la contratación colectiva legítima. Igualmente, hay que tomar en cuenta los programas sociales, destacadamente el de la pensión para adultos mayores de carácter universal. Y, además, el esfuerzo para recaudar más, sobre todo de los grandes contribuyentes.

No obstante, el saldo ha sido muy favorable para los más ricos. Según Oxfam, a pesar de los beneficios extraordinarios que este pequeño sector de la sociedad obtuvo en los últimos años, su aportación para sufragar los gigantescos costos de las crisis derivadas de la pandemia de COVID-19 no aumentó significativamente. El problema radica en que pagan pocos impuestos: “Los causantes con ingresos arriba de 500 millones de pesos anuales apenas representaron el 0.03% de la recaudación total de impuestos y el 13.6% de la contribución de las personas físicas en 2021”. Por su parte, “las grandes empresas en México pagaban hasta 2021 unas tasas efectivas de impuesto sobre la renta (ISR) entre el 1 y 8% del total de ingresos, dependiendo de la actividad económica, muy por debajo del 30% que establece la ley”. Esto ocurre debido a la capacidad de elusión y evasión de los poderosos incluyendo la recurrencia a los paraísos fiscales, pero también a que las leyes disponen una carga muy baja para los ingresos de los grandes contribuyentes y a la ausencia de un gravamen a la riqueza (es decir, al patrimonio material y financiero).

Lo anterior ha tenido como resultado que la recaudación total de impuestos sea equivalente al 17.8% del PIB. Este nivel de recaudación es menor que el del promedio entre los países de América Latina y el Caribe — equivalente al 21.9% del PIB— y de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —equivalente al 33.6% del PIB,  una situación que se arrastra desde hace décadas.

Consecuentemente, los recursos que destina la federación a rubros tan importantes como la salud, la educación, y la infraestructura son cada vez más insuficientes. Por ejemplo, “el gobierno federal en 2021 invirtió prácticamente lo mismo en salud pública que en los pagos del servicio de la deuda… En el año 2020, en pleno confinamiento por la pandemia global de COVID-19, esta situación fue incluso peor: el gasto en salud en ese año fue menor que el gasto para el servicio de la deuda”.

De ahí la necesidad de una reforma fiscal que, como propone Oxfam, grave las grandes fortunas. “Este impuesto debe tener una tasa del 2% para quienes posean más de 20 millones de pesos, del 3% para aquellas personas cuya fortuna se encuentre arriba de 100 millones de pesos, y del 5% para los milmillonarios —es decir, quienes tienen fortunas de más de 20 mil millones de pesos o mil millones de dólares. (De esta manera) se podría recaudar hasta 270,000 millones de pesos anuales”.

También se proponen modificaciones fiscales profundas, progresivas y transparentes que “aspiren a un incremento sistemático del impuesto sobre la renta a los causantes de mayores ingresos”; igualar las tasas que se cobran tanto al trabajo como el capital; fijar gravámenes a las grandes herencias y donaciones; y revisar los impuestos actuales a la propiedad, como el predial y la tenencia, para que contribuyan de manera más progresiva.

Oxfam subraya que, “tras décadas de una falsa creencia de que los impuestos a las grandes fortunas desincentivan la inversión y reducen el crecimiento… (éstos) empiezan a formar parte del futuro de América Latina… nuevos gobiernos progresistas han iniciado una ola de reformas fiscales progresistas”. Hasta ahora, podemos contar con los casos de:

Argentina con la Ley de Solidaridad y Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas de 2020, que estableció un impuesto no recurrente al patrimonio de las grandes fortunas en el país; Bolivia instauró un gravamen a las a las 152 personas más ricas del país, superiores a los 4.3 millones de dólares de manera anual y permanente, y tasas progresivas para las fortunas mayores a 7.2 millones de dólares.

Colombia, por su lado, aprobó recientemente una reforma fiscal que incluye un impuesto a las fortunas, eleva las contribuciones de las rentas y las ganancias de capital, y aplica un nuevo impuesto a los súper beneficios de empresas del sector extractivo.

El presidente de Chile mandó al Congreso una reforma tributaria que busca recaudar ingresos equivalentes al 4.1% del PIB, incluye un mayor impuesto sobre la renta para los ingresos más elevados, un nuevo gravamen a las fortunas de las 6,300 personas más ricas del país, y mayores regalías al sector minero, uno de los más importantes de esa nación.

Y Brasil, con el flamante gobierno de Lula, ha indicado que busca avanzar con una reforma tributaria progresiva que se presentaría en abril 2023.

La necesidad de instrumentar modificaciones legales para obtener mayores recursos ha tenido amplio consenso académico y de las instituciones internacionales (incluso el FMI ha discutido este asunto). Sin embargo, en México, la reforma fiscal sigue siendo un tabú, incluso para el gobierno López Obrador (que tomó posesión en 2018 y concluirá en 2024), el cual se ha negado reiteradas veces a incluirlo en su agenda y a discutir su viabilidad; tampoco la mayoría parlamentaria de MORENA (el partido del oficialismo) ha mostrado interés en una reforma impositiva a la riqueza o a los ingresos más elevados, y a disminuir lo que pagan los trabajadores más pobres. El presidente incluso se ha exaltado ante este reclamo, llamado “neoliberales” a las instituciones y personas que han insistido en una reforma semejante.

La postura de la administración actual tiene precedentes que Oxfam recuerda:  particularmente, en 1961, el gobierno de Adolfo López Mateos encargó un informe especial al economista Nicholas Kaldor, el cual propuso una reforma fiscal que, entre otras cuestiones, incluyó gravar las grandes fortunas. Este informe fue desechado y sólo tuvo utilidad para la discusión académica. Habrá que recordar también la fallida reforma del presidente Echeverría (1970-1976) a mitad de su sexenio, entre otros episodios del pasado reciente. Los secretarios de Hacienda de este gobierno han considerado inoportuna una reforma como la aquí descrita u otra similar, alegando que se vive un proceso inflacionario y un panorama internacional muy incierto.

Sin embargo, señala el informe Oxfam, la principal razón ha sido “la oposición y resistencia activa de las élites económicas”, cosa que, en efecto se ha demostrado en diversas ocasiones.  El asunto es pues, sobre todo político. El temor de que esas élites desaten una fuga de capitales o un conjunto de acciones que atente contra la estabilidad del gobierno en turno.

La administración de López Obrador parecía tener la suficiente fuerza popular y legitimidad política para enfrentar estos retos. De cualquier manera, ante la negativa oficial, muchos dan por sentado que no habrá reformas este sexenio y esperan que la próxima administración sea más sensible a este reclamo. Varios equipos de trabajo, compuestos por profesores universitarios y personajes de la sociedad sin ataduras partidistas, siguen revisando diversas alternativas viables para presentarlas a la nueva administración.   Por lo pronto, ahí están los datos duros y los estudios que avalan la necesidad de la reforma fiscal.

La presión social seguramente será cada vez más fuerte ante las carencias del país. A ver cuánto tiempo aguantan los gobiernos de la república. Cuando se decidan a abrir el debate y llevarlo al Congreso, seguramente muchas agrupaciones progresistas participarán de manera entusiasta hasta lograr una mayor justicia fiscal y una mejor distribución del ingreso.

saulescobar.blogspot.com