Los ricos distorsionan los problemas climáticos y ofrecen soluciones interesadas Jomo Kwame Sundaram and Yin Shao Loong

Muchos en el rico Occidente o Norte industrial han tergiversado las causas del calentamiento planetario, ofreciendo falsas soluciones mientras reclaman una alta moral en ese terreno. Esto distrae la atención de cómo se hicieron ricos mientras emitían gases de efecto invernadero.

¿Tragedia o farsa?

Las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la era industrial han provocado el calentamiento global, y su acumulación continúa acelerándose a pesar de estar cerca de superar el incremento de 1,5°C y sus puntos de inflexión asociados.

A veces se dice que esto se debe a la incapacidad de gestionar de forma sostenible la atmósfera como recurso compartido. La conocida como «tragedia de los comunes» se refiere a la incapacidad de una comunidad para gestionar de forma sostenible un recurso común.

Un ejemplo muy conocido es el de los pastores que se benefician individualmente de pastorear a sus animales en una porción limitada de una tierra común y compartida. Ese comportamiento egoísta acabará agotando los pastos, el recurso común compartido.

Para afrontar las reclamaciones sobre la “tragedia de los bienes comunes”, los economistas tradicionales han abogado por asignar derechos de propiedad a las personas que experimenten más directamente las “externalidades” o consecuencias negativas ocasionadas por el uso excesivo de los recursos limitados que se poseen.

Hace tiempo que los países del Norte desarrollado han agotado su parte del presupuesto mundial de carbono. Los climatólogos han identificado 350 partes por millón (ppm) de dióxido de carbono como el límite superior para estabilizar el clima y evitar un cambio climático desastroso.

El reparto de este presupuesto de carbono en cuotas entre los países del mundo se ha descrito como una asignación de derechos de emisión. El Norte agotó esta cuota en 1969, superó su cuota de 1,5 C en 1986 y la de 2,0 C en 1995.

Estas cuotas se refieren al máximo de emisiones de carbono acumuladas, repartidas equitativamente entre todos los países, para garantizar que la temperatura mundial no aumente por encima de la media de la era preindustrial en más de 1,5 C o 2,0 C en 2100, respectivamente.

Incluso si el Norte alcanzara un nivel neto cero, sus emisiones acumuladas por sí solas seguirían siendo tres veces superiores a su cuota justa de 1,5 C . Por el contrario, con cero emisiones netas, las emisiones acumuladas del Sur solo consumirían la mitad de su cuota justa de 1,5 C.

Por lo tanto, la afirmación de que los países del Sur en desarrollo carecen de ambición, en comparación con el Norte, al no aplicar las mismas políticas climáticas, como la tarificación del carbono, es engañosa.

El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (Cbam, en inglés) de la Unión Europea (UE) hace ese tipo de afirmaciones.

Ese argumento no es solo oneroso, sino también profundamente tendencioso. La UE ha sido históricamente el segundo emisor mundial de GEI, superando con creces su cuota justa de utilización de la atmósfera como sumidero de carbono.

Solución europea, otros pagan

El posible parasitismo plantea un problema conexo. Si las emisiones de GEI se penalizan suficientemente, los costes de mitigación del calentamiento global pueden repercutirse en los emisores individuales de esos gases contaminantes.

La UE cuenta con el mayor y más antiguo Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE) del mundo. Funciona limitando las emisiones de carbono y subastando cuotas de emisión de GEI a las empresas, que pueden comerciar con esos derechos de emisión entre sí.

El RCCDE pretende aumentar los costes o penalizar las emisiones de GEI para reducirlas en 55 % de aquí a 2030. De este modo, la penalización de las emisiones amenaza especialmente a las industrias de alto consumo energético, que emiten más GEI.

En respuesta, algunas industrias amenazaron con trasladarse al extranjero, a países menos regulados desde el punto de vista climático y medioambiental. La UE asignó cuotas gratuitas a las industrias intensivas en emisiones de GEI para ganarse la aceptación política recortando los costes de esas transiciones.

Esta es en parte la razón por la que el RCCDE solo puede acreditar una reducción anual de las emisiones de GEI de entre 0,0 % y el 1,5 %, fracasando estrepitosamente en su intento de reducir las emisiones con rapidez.

¿Pueden salvarnos los impuestos sobre el carbono?

Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 55% de aquí a 2030, el nuevo paquete de medidas Cbam de la UE promete eliminar gradualmente las asignaciones gratuitas del régimen de comercio de derechos de emisión.

Para proteger los beneficios de las industrias de la UE que emiten gases de efecto invernadero, se exigirá a los importadores que paguen precios más altos. Se supone que éstos incorporan impuestos sobre el carbono, para disuadir de las importaciones que emiten grandes cantidades de GEI, especialmente de los países en desarrollo.

Los exportadores de los países del Sur en desarrollo deberán pagar precios del carbono por sus exportaciones según los tipos determinados por los países importadores. Se dice que estas medidas son justas, aparentemente porque igualan las condiciones de competencia, pero en realidad suponen una carga para los exportadores de los países en desarrollo.

Un estudio de la Unctad, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, muestra cómo la Cbam discrimina a los países de renta baja y media. Según este estudio, el Cbam solo reducirá las emisiones de carbono mundiales en 0,1 %.

La Cbam conseguirá así que los países del Sur paguen a los miembros de la UE por sus exportaciones emisoras de GEI. Estos impuestos sobre el carbono podrían incluso utilizarse para ayudar a financiar la propia transición energética de la UE o para fines no relacionados con el clima.

Aparentemente destinadas a luchar contra el calentamiento global, las nuevas normas son muy proteccionistas. Es posible que el tribunal de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio (OMC) no las apruebe, si es que se le permite funcionar tras años de bloqueo por parte de Estados Unidos.

Pero el resultado es incierto, ya que sería la primera vez que una medida climática se pusiera a prueba de este modo.

¿Ir por libre?

Históricamente, las naciones ricas han emitido muchos más GEI. En términos por habitante, este sigue siendo un tema medular hoy en día. A pesar de esas enormes diferencias en las emisiones de GEI, e ignorando los limitados medios de los países en desarrollo, las naciones ricas quieren imponerles las mismas normas y requisitos.

Como ha demostrado Elinor Ostrom, las comunidades de todo el mundo han evitado históricamente la tragedia de los recursos comunes. Han gobernado esos recursos compartidos para satisfacer las necesidades actuales y, al mismo tiempo, mantenerlos para las generaciones futuras.

Muchas comunidades idearon acuerdos para evitar el agotamiento de los recursos comunes o compartidos. Pero muchos de ellos fueron subvertidos por el colonialismo para favorecer a las potencias extranjeras a expensas de los gobernados.

La Cbam también contradice el «principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas» (CBDR, en inglés), adoptado dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Ese principio se refiere a las diferentes responsabilidades de los países desarrollados y en desarrollo en cuanto a su responsabilidad en la crisis climática y cómo hacerle frente.

El Protocolo de Kioto, el primer gran acuerdo de la CMNUCC, que reconoce las responsabilidades comunes pero diferenciadas, hace recaer la carga de la mitigación en los países desarrollados. Las naciones ricas rechazaron y socavaron el CBDR, retrasando la acción climática durante décadas. La mayoría de los países occidentales apenas se esforzaron por cumplir sus obligaciones y acusaron a los demás de no cumplirlas.

Por supuesto, esto ignora que las naciones ricas se han aprovechado de los países en desarrollo durante siglos a través del colonialismo, la dominación y la explotación. Y las medidas urgentes que se necesitan ahora para hacer frente a la crisis climática se han convertido en el nuevo pretexto de las naciones ricas para insistir en que todos deben sacrificarse por igual.

Soluciones egoístas

La mayoría de los países en el Sur desarrollo buscan urgentemente financiación asequible para el clima, pero no la consiguen. Dan prioridad a la adaptación climática, en lugar de a la mitigación, que es a lo que se destina la mayor parte de los limitados recursos de financiación climática del Norte global.

Sin duda, las alegaciones sobre las fugas de carbono han sido muy discutibles. Los temores de transición de las industrias de altas emisiones se abordan mejor con políticas específicas para descarbonizar rápidamente estos procesos industriales.

Las subvenciones de los países ricos han eludido la equidad distributiva y los problemas políticos que plantean la tarificación o la fiscalidad del carbono.

Por ejemplo, las subvenciones de la Ley de Reducción de la Inflación impulsada por el gobierno estadunidense de Joe Biden promueven las energías renovables y los vehículos eléctricos reduciendo sus costes para los consumidores.

Seguramente, a estas alturas, el mundo ya ha aprendido a cooperar mejor para salvarnos. O no.

Jomo Kwame Sundaram es asesor principal del malasio Instituto de Investigación Khazanah, miembro de la Academia de Ciencias de Malasia, profesor emérito de la Universidad Malaya y miembro visitante de la Iniciativa para el Diálogo Político de la Universidad de Columbia.

Yin Shao Loong es director adjunto de Investigación en el malasio Instituto de Investigación Khazanah, donde se centra en el cambio climático y la política industrial.