Las sanciones son las nuevas armas de inanición masiva Anis Chowdhury and Jomo Kwame Sundaram

Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y sus aliados contra Rusia por su invasión ilegal de Ucrania no han logrado sus objetivos declarados. Por el contrario, están empeorando el estancamiento económico y la inflación a escala mundial. Y lo que es peor aún, están exacerbando el hambre, especialmente en África.

Las sanciones son bidireccionales

A menos que sean aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, las sanciones no están autorizadas por el derecho internacional. Con el veto de Rusia expresado en este organismo, las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y sus aliados han aumentado tras la invasión de Ucrania. Durante el período 1950-2016, las sanciones comerciales “integrales” han reducido como promedio el comercio bilateral entre los países sancionadores y sus víctimas el 77 por 100. Estados Unidos ha impuesto más regímenes de sanciones, y durante más tiempo, que cualquier otro país del mundo. La imposición unilateral de sanciones se ha acelerado en los últimos quince años. Durante el periodo comprendido entre 1990 y 2005, Estados Unidos impuso aproximadamente un tercio de los regímenes de sanciones aplicados a escala global, desempeñando la Unión Europea (UE) un papel importante en este ámbito.

Desde 2016 Estados Unidos ha aumentado la aplicación de sanciones, imponiendo como promedio anualmente diversos paquetes sancionatorios a más de mil entidades o individuos, lo cual arroja un incremente de casi el 80 por 100 entre 2016 y 2020 respecto a las sanciones impuestas durante el periodo 2008-2015. Durante el único mandato de Trump, la participación estadounidense en el total de las nuevas sanciones impuestas a escala mundial pasó de un tercio a representar la mitad de las mismas. Durante el periodo transcurrido entre enero y mayo de 2022, 75 países aplicaron 19.268 medidas comerciales restrictivas. Las medidas aplicadas a los alimentos y los fertilizantes (85 por 100) superan ampliamente a las que afectan a las materias primas y los combustibles (15 por 100). No es de extrañar, pues, que el mundo se enfrente ahora a una menor oferta de productos alimenticios y al aumento de los precios de los combustibles y los alimentos. Las autoridades monetarias han subido además los tipos de interés para frenar la inflación, pero estas medidas no abordan las principales causas de la actual subida de precios y, peor aún, es probable que profundicen y prolonguen el estancamiento, aumentando la probabilidad de “estanflación”.

La hipótesis inicial de la aplicación del actual régimen sancionatorio presuponía que las sanciones pondrían a Rusia de rodillas. Menos de tres meses después del hundimiento de la moneda rusa, sin embargo, su tipo de cambio ha vuelto a los niveles registrados antes de la guerra, recuperándose de la supuesta “escombrera del rublo” prometida por los belicistas occidentales partidarios de la guerra económica. Gozando de suficiente apoyo público, el régimen ruso no tiene prisa por rendirse ante las sanciones.

Las sanciones hacen subir los precios de los alimentos

La guerra y las sanciones son ahora los principales impulsores del aumento de la inseguridad alimentaria. Rusia y Ucrania producen casi un tercio de las exportaciones mundiales de trigo, casi el 20 por 100 de las de maíz y cerca del 80 por 100 de los productos derivados de las semillas de girasol, incluido el aceite. Los correspondientes bloqueos del transporte marítimo impuestos en el Mar Negro han contribuido también a mantener bajas las exportaciones rusas. Todo ello ha hecho subir los precios mundiales de los cereales y las semillas oleaginosas, elevando el coste de los alimentos de modo generalizado. El 19 de mayo, el Índice de Precios Agrícolas había subido el 42 por 100 desde enero de 2021, alcanzando el aumento de los precios del trigo el 91 por 100 y el 55 por 100 los del maíz.

El Commodity Markets Outlook del Banco Mundial de abril de 2022 señala que la guerra ha transformado la producción, el comercio y el consumo mundiales y aventura que los precios serán históricamente altos al menos hasta 2024, lo cual empeorará la inseguridad alimentaria y el comportamiento de la inflación. Las prohibiciones occidentales impuestas sobre el petróleo ruso han aumentado considerablemente los precios de la energía. Tanto Rusia como su aliado, Bielorrusia, país también afectado por las sanciones económicas, son importantes proveedores de fertilizantes agrícolas, incluyendo el 38 por 100 de los fertilizantes potásicos, el 17 por 100 de los fertilizantes compuestos y el 15 por 100 de los fertilizantes nitrogenados.

Los precios de los fertilizantes se dispararon en marzo de este año, ¡subiendo casi el 20 por 100 respecto a su precio dos meses antes y siendo casi tres veces superiores a los vigentes en marzo de 2021! Un menor suministro a precios más elevados hará retroceder la producción agrícola durante años. Con una agricultura menos sostenible debido, entre otras cosas, al calentamiento global, las sanciones están reduciendo aún más la producción y los ingresos, además de aumentar los precios de los alimentos a corto y largo plazo.

Las sanciones perjudican más a los pobres

Incluso cuando son supuestamente selectivas, las sanciones son instrumentos romos, que a menudo generan consecuencias imprevistas, a veces contrarias a las planificadas. Por ello, las sanciones suelen fracasar a la hora de conseguir sus objetivos declarados. Muchos países pobres y afectados por la inseguridad alimentaria son grandes importadores de trigo de Rusia y Ucrania. La producción conjunta de ambos países proporciona el 90 por 100 de las importaciones de trigo de Somalia, el 80 por 100 de las de la República Democrática del Congo y cerca del 40 por 100 de las de Yemen y Etiopía. De acuerdo con las informaciones disponibles el bloqueo financiero impuesto a Rusia ha perjudicado a sus vecinos centroasiáticos, más pequeños y vulnerables: 4,5 millones de uzbekos, 2,4 millones de tayikos y casi un millón de kirguises trabajan en Rusia. Las dificultades para enviar remesas causan enormes dificultades a sus familias residentes en estos países. Aunque no era su intención declarada, las medidas impuestas por Estados Unidos durante el periodo 1982-2011 perjudicaron más a los pobres. Los niveles de pobreza en los países sancionados han sido el 3,8 por 100 más elevados que los sufridos en países similares no afectados por las sanciones.

Las sanciones también perjudican mucho más a los niños y niñas y a otros grupos desfavorecidos. Una investigación sobre sesenta y nueve países publicada en 2010 reveló que las sanciones reducen el peso de los bebés y aumentan la probabilidad de muerte antes de los tres años. No es de extrañar, pues, que las sanciones económicas violen la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. Un estudio de 2018 realizado sobre noventa y ocho países menos desarrollados y recientemente industrializados concluyó que la esperanza de vida se reducía en los países afectados en torno a 3,5 meses por cada año adicional de sanciones aplicadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Así, un episodio medio de cinco años de sanciones aprobadas por este organismo reducía la esperanza de vida entre 1,2 y 1,4 años.

Aumento del hambre en el mundo

Mientras se intensifican las recriminaciones polémicas entre Rusia y la coalición liderada por Estados Unidos en torno al aumento de los precios de los alimentos y el combustible, el mundo se precipita hacia una “catástrofe” humana “apocalíptica”. El aumento de los precios, la escasez prolongada y la recesión pueden desencadenar levantamientos políticos o algo peor. El secretario general de la ONU ha subrayado: “Tenemos que garantizar el flujo constante de alimentos y energía a través de mercados abiertos mediante el levantamiento de todas las restricciones innecesarias a las exportaciones, el suministro de los excedentes y las reservas a quienes tengan necesidad de ellos y el mantenimiento del control de los precios de los alimentos para frenar la volatilidad del mercado”.

A pesar del descenso de las cifras de pobreza registrado por el Banco Mundial, el número de personas desnutridas ha aumentado entre 2013 y 2020 pasando de 643 a 768 millones. Más de 811 millones de personas padecen hambre crónica, mientras que el número de quienes se enfrentan a una situación de “inseguridad alimentaria aguda” se ha duplicado con creces desde 2019, pasando de 135 a 276 millones. Cuando estalló la pandemia de la covid-19, Oxfam advirtió que el “virus del hambre” podría resultar aún más mortal que esta, que ha empujado desde entonces a decenas de millones de personas a una situación de inseguridad alimentaria. En 2021, antes del estallido de la guerra de Ucrania, se estimaba que 193 millones de personas localizadas en cincuenta y tres países se enfrentaban a una situación de “crisis alimentaria o algo peor”. Con el inicio de la guerra y la imposición de las sanciones, se calcula que 83 millones de personas más, lo cual supone un incremento adicional del 43 por 100, serán víctimas de esta situación de crisis alimentaria a finales de 2022.

Las sanciones económicas son el equivalente moderno de los antiguos asedios, que intentan someter a las poblaciones por hambre. Los efectos devastadores de los asedios en el acceso a los alimentos, la salud y otros servicios básicos son bien conocidos. Los asedios son ilegales a tenor del derecho internacional humanitario. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha adoptado por unanimidad resoluciones que exigen el levantamiento inmediato de los mismos como queda reflejado, por ejemplo, en su Resolución 2139 de 2014 sobre las poblaciones civiles en Siria. En estos momentos, sin embargo, diversos miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto son responsables de la invasión de Ucrania y de la imposición unilateral de sanciones. Por lo tanto, este organismo no actuará con toda seguridad sobre el impacto de las sanciones sobre miles de millones de civiles inocentes. No parece que nadie vaya a protegerlos contra las sanciones, que son las actuales armas de inanición masiva.